Educación: urgencias que matan.
Como reacción a la evidente crisis de la educación municipal desnudada ante el país por la huelga nacional del magisterio y la nueva emergencia de la movilización estudiantil en demanda de la estatización de la educación de propiedad pública, el Ejecutivo ha decidido poner urgencia al debate parlamentario de la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública. Pero, cuidado, hay urgencias que matan. El proyecto no resuelve los problemas estructurales de la municipalización.
En ella los alcaldes siguen siendo los responsables de su administración; por lo mismo, no tienen preocupación exclusiva por la educación. El desarrollo y expansión del sistema siguen a su arbitrio y la educación sujeta a ciclos electorales y clientelismo político. La diversidad de tamaño, realidades económicas, culturales y sociales de las comunas, hacen imposible que una nueva administración dependa exclusivamente de su asociación, así sea en corporaciones de derecho público, puesto que geográficamente sólo sumarían pequeñas unidades, haciendo prácticamente imposible contar con capacidades de gestión para el desarrollo pedagógico en su administración. Las anteriores son sólo algunas de las razones que hacen inviable dicho proyecto. Por lo demás, estas razones coinciden con las expresadas por todos los sectores en el informe del Consejo Asesor Presidencial. No hay más solución que desmunicipalizar.
Entre otros, hay tres asuntos esenciales que un proyecto de fortalecimiento de la educación pública debe resolver.
En primer lugar, que el Estado se haga responsable de los establecimientos a través de la creación, dependiente del Ministerio de Educación, de servicios regionales de educación, estableciéndose un tamaño mínimo aconsejable, considerando, entre otros factores, los geográficos, económicos, número de colegios, alumnos y profesores, economía relevante de la zona, y características culturales y sociales.
Por lo mismo, en cada región podrá existir más de un servicio. Dicho servicio debe contar con un Consejo de Administración Participativo, de autoridades del Mineduc, regionales, representantes de alcaldes, decanos de educación, profesores, apoderados y estudiantes organizados. Incluso, resulta recomendable un representante de la economía relevante del territorio.
En segundo lugar, su financiamiento debe ser distinto del actual, asumiendo el abandono en que el Estado ha sumido, desde la década de los ’80, a la educación de su propiedad. Por un mediano período debe ser un presupuesto de recuperación y desarrollo. De lo contrario, el Estado renuncia, en los hechos, a un sistema escolar con integración social y convivencia democrática en su seno como parte esencial de su calidad.
En tercer lugar, ello obliga a un Ministerio de Educación distinto del actual, cuyas principales fortalezas estén en los aspectos de definición de políticas educativas: curriculares, de evaluación de la calidad integral, desarrollo y perfeccionamiento docente y apoyo a los equipos pedagógicos de los servicios regionales.
A su vez, esta propuesta exige seremías de nuevo tipo, con un fuerte liderazgo pedagógico y en estrecha relación, en cada región, con la educación superior, que cuente con facultades de educación y formación inicial docente, siendo ésta la columna vertebral del apoyo pedagógico a los servicios regionales de educación y sus escuelas.
Esta propuesta rechaza la llamada Agencia Autónoma Aseguradora de Calidad, la creación de sus agencias acreditadoras de colegios y la odiosa clasificación de las escuelas y liceos. Ella profundiza en las soluciones de mercado para la crisis de educación e insiste en la desigual competencia, entre lo público y privado, como elemento movilizador de la calidad, reduciendo curricularmente la educación y su calidad a lo estandarizable y medible como indicador para el mercado.
Ésta es la ecuación que ha destruido la calidad de la educación en general y en particular la educación de propiedad pública. A través de la agencia sólo se perfeccionará la competencia en el seno del sistema, lo que redundará en mayor deterioro de escuelas y liceos de propiedad pública, disminuyendo la responsabilidad directa del ministerio. Por el contrario, el carácter mixto de nuestro sistema educativo debe considerar la cooperación y no la competencia, que termina por negar la libertad de enseñanza, pues la hace depender de la cuna, el capital cultural de las familias y los recursos de que disponen.
En este sentido, y respecto de nuestro sistema educativo, es valioso considerar lo recordado por el padre José Aldunate respecto de la integralidad del desarrollo humano: "Es el desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres. El desarrollo de todas las dimensiones humanas, no solamente la económica, sino la social, política, cultural, ética y religiosa. Y no solamente en un plano individual, sino también en el colectivo".
Como reacción a la evidente crisis de la educación municipal desnudada ante el país por la huelga nacional del magisterio y la nueva emergencia de la movilización estudiantil en demanda de la estatización de la educación de propiedad pública, el Ejecutivo ha decidido poner urgencia al debate parlamentario de la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública. Pero, cuidado, hay urgencias que matan. El proyecto no resuelve los problemas estructurales de la municipalización.
En ella los alcaldes siguen siendo los responsables de su administración; por lo mismo, no tienen preocupación exclusiva por la educación. El desarrollo y expansión del sistema siguen a su arbitrio y la educación sujeta a ciclos electorales y clientelismo político. La diversidad de tamaño, realidades económicas, culturales y sociales de las comunas, hacen imposible que una nueva administración dependa exclusivamente de su asociación, así sea en corporaciones de derecho público, puesto que geográficamente sólo sumarían pequeñas unidades, haciendo prácticamente imposible contar con capacidades de gestión para el desarrollo pedagógico en su administración. Las anteriores son sólo algunas de las razones que hacen inviable dicho proyecto. Por lo demás, estas razones coinciden con las expresadas por todos los sectores en el informe del Consejo Asesor Presidencial. No hay más solución que desmunicipalizar.
Entre otros, hay tres asuntos esenciales que un proyecto de fortalecimiento de la educación pública debe resolver.
En primer lugar, que el Estado se haga responsable de los establecimientos a través de la creación, dependiente del Ministerio de Educación, de servicios regionales de educación, estableciéndose un tamaño mínimo aconsejable, considerando, entre otros factores, los geográficos, económicos, número de colegios, alumnos y profesores, economía relevante de la zona, y características culturales y sociales.
Por lo mismo, en cada región podrá existir más de un servicio. Dicho servicio debe contar con un Consejo de Administración Participativo, de autoridades del Mineduc, regionales, representantes de alcaldes, decanos de educación, profesores, apoderados y estudiantes organizados. Incluso, resulta recomendable un representante de la economía relevante del territorio.
En segundo lugar, su financiamiento debe ser distinto del actual, asumiendo el abandono en que el Estado ha sumido, desde la década de los ’80, a la educación de su propiedad. Por un mediano período debe ser un presupuesto de recuperación y desarrollo. De lo contrario, el Estado renuncia, en los hechos, a un sistema escolar con integración social y convivencia democrática en su seno como parte esencial de su calidad.
En tercer lugar, ello obliga a un Ministerio de Educación distinto del actual, cuyas principales fortalezas estén en los aspectos de definición de políticas educativas: curriculares, de evaluación de la calidad integral, desarrollo y perfeccionamiento docente y apoyo a los equipos pedagógicos de los servicios regionales.
A su vez, esta propuesta exige seremías de nuevo tipo, con un fuerte liderazgo pedagógico y en estrecha relación, en cada región, con la educación superior, que cuente con facultades de educación y formación inicial docente, siendo ésta la columna vertebral del apoyo pedagógico a los servicios regionales de educación y sus escuelas.
Esta propuesta rechaza la llamada Agencia Autónoma Aseguradora de Calidad, la creación de sus agencias acreditadoras de colegios y la odiosa clasificación de las escuelas y liceos. Ella profundiza en las soluciones de mercado para la crisis de educación e insiste en la desigual competencia, entre lo público y privado, como elemento movilizador de la calidad, reduciendo curricularmente la educación y su calidad a lo estandarizable y medible como indicador para el mercado.
Ésta es la ecuación que ha destruido la calidad de la educación en general y en particular la educación de propiedad pública. A través de la agencia sólo se perfeccionará la competencia en el seno del sistema, lo que redundará en mayor deterioro de escuelas y liceos de propiedad pública, disminuyendo la responsabilidad directa del ministerio. Por el contrario, el carácter mixto de nuestro sistema educativo debe considerar la cooperación y no la competencia, que termina por negar la libertad de enseñanza, pues la hace depender de la cuna, el capital cultural de las familias y los recursos de que disponen.
En este sentido, y respecto de nuestro sistema educativo, es valioso considerar lo recordado por el padre José Aldunate respecto de la integralidad del desarrollo humano: "Es el desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres. El desarrollo de todas las dimensiones humanas, no solamente la económica, sino la social, política, cultural, ética y religiosa. Y no solamente en un plano individual, sino también en el colectivo".
Guillermo Scherping
Dirigente nacional de la CUT y asesor del Colegio de Profesores de Chile.
Dirigente nacional de la CUT y asesor del Colegio de Profesores de Chile.
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